El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ejecutivo central han pasado una década peleando en los tribunales por un inmueble ya desaparecido, el antiguo Lazareto, y las tierras que lo rodean. En total, la superficie en litigio abarcaba unos 3.700 metros, está ubicada en la calle La Regla (también desaparecida) y linda al norte con el camino de La Regla, mientras que al este y sur lo hace con el dominio público marítimo terrestre.

El Estado reclamó, a finales de los noventa, que se le declarara como legítimo propietario, que se anulara la inscripción en el registro de la propiedad y que se condenara al Ayuntamiento a la restitución de la posesión de esta finca "con todos sus frutos, accesiones y mejoras". Después de una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo dio la razón al Estado a finales de 2007, atendiendo sus demandas.

Según recoge la sentencia ratificada por el Supremo, la Junta Superior de Sanidad de Canarias adquirió el inmueble en 1842 mediante escritura pública de compraventa. La finca objeto de este contrato estaba integrada "por las casas y almacenes [...], inclusa una fanegada de tierra a sus alrededores". En 1911, el Estado cedió al Ayuntamiento el uso de parte del edificio ubicado en esa parcela para destinarlo a hospital de aislamiento, reservándose la titularidad del resto del solar y terrenos anexos. Esta cesión no implicaba que se diera a Santa Cruz la titularidad del inmueble.

De hecho, la corporación municipal pidió al Ministerio de Hacienda en 1966 la cesión gratuita de la parte del edificio que no fue entregada en 1911, para destinarla "a parque y oficinas del Servicio Municipal de Limpieza". Esa petición da a entender que el Ayuntamiento sabía que el titular de todos esos terrenos era el Estado.

En 1999, el juez dictó una sentencia estimando la demanda del Gobierno central, declarando que éste es el legítimo propietario de la finca "inmueble denominado Lazareto, que tiene una cabida de 3.749 metros cuadrados". Asimismo, declaró "la nulidad y consiguiente cancelación de la inscripción en el Registro de la Propiedad [...]" y condenó al Ayuntamiento a la "restitución al Estado de la posesión de la finca descrita con todos sus frutos accesiones y mejoras", además del pago de las costas del proceso.

Santa Cruz recurrió y la Audiencia Provincial confirmó la sentencia. Finalmente, el Tribunal Supremo dio de nuevo en octubre de 2007 la razón al Estado. ¿Afectará esta decisión al futuro de esa zona de la nueva capital? Lo más probable es que no. La finca en litigio abarca hoy un extremo del Parque Marítimo, parte de una de sus piscinas, así como la vía de acceso a la entrada de servicio de estas instalaciones y una esquina del edificio que alberga el restaurante La Cascada. Y todas estas zonas están siendo gestionadas hoy en día por una sociedad integrada por dos partes, una estatal y otra municipal, en virtud de una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, ¿a qué viene este enfrentamiento judicial?